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Este artículo analiza la historia reciente de Colombia y cómo el sistema de gobierno ha contribuido a la violencia y el desorden en el país. Se describe cómo Colombia vivió una terrible pesadilla a principios del siglo XXI, cómo el gobierno de Álvaro Uribe intentó cambiarlo y cómo el sistema de gobierno sigue generando desigualdades y conflictos. Se discuten los casos de paramilitares y grupos rebeldes, y se analiza cómo la corrupción y la política han exacerbado los problemas.
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Traducción del artículo: “Colombia: Another 100 years of Solitude?” Traducción de Luis Jesús Bautista. Colombia: ¿Otros cien años de Soledad? James A. Robinson. “A pesar de todos los avances durante las dos anteriores presidencias, ninguna administración ha podido romper con el sistema fundamental de gobierno que originó los actuales problemas del país.” Hace una década Colombia estaba viviendo una terrible pesadilla. El país tenía la más alta tasa de homicidio en el mundo y era el centro de la industria del narcotráfico. El secuestro estaba disparado. Un buen número de líderes políticos habían sido asesinados y probablemente una tercera parte de los legisladores electos en 2.002 lo habían sido con la ayuda del paramilitarismo. Los actores armados distintos a las fuerzas del Estado – las guerrillas y los paramilitares- se estaban aproximando al 50% del tamaño del la Fuerza Pública estatal y la guerrilla estaba desarrollando un plan para cercar y tomarse la capital del país, Bogotá. La alta sociedad estaba viviendo en medio de un pánico tratando de sacar sus dineros fuera del país y solicitando visas de países extranjeros. Las cosas cambiaron en 2.002 cuando Álvaro Uribe fue electo con la plataforma de “seguridad democrática”. Uribe incrementó el tamaño de la Fuerzas Armadas de 203. efectivos en 2.002 a 283.000 una década después. El ejército pasó a depender menos de los conscriptos, aumentando la cifra de soldados profesionales de 59.000 a 87.000. Los gastos de
defensa se incrementaron en relación con el PIB en un 10%, pasando de un 3.7 a un 4%. Para soportar estos gastos, Uribe impuso a los ricos un “impuesto de seguridad democrática”, que resultó ser en promedio alrededor del 0.35% del PIB por año. Una sostenida ofensiva militar sacó a las Fuerzas Revolucionaras de Colombia (FARC), el principal grupo guerrillero, de la mitad de los municipios que tenían bajo su control en 2.002 y condujo a la muerte de sus líderes, Raúl Reyes, Mono Jojoy y Alfonso Cano, mientras que su principal líder, Manuel Marulanda murió de causas naturales en el 2.006. Una drástica caída en la tasa de homicidios y en el número de secuestros acompañó estos éxitos militares. En el 2.005, Uribe logró persuadir a alrededor de 30.000 miembros grupos paramilitares a su desmovilización y confesión de todos sus crímenes a cambio de sentencias reducidas. A medida que mejoró la seguridad nacional, también mejoró la imagen internacional del país. Colombia ha pasado de ser un potencial estado fallido a unirse al grupo CIVETS (Colombia, Indonesia, Vietnam, Egipto, Turquía y África del Sur) un grupo de países dinámicos y emergentes dispuestos a jugar un papel destacado en el tablero mundial. La inversión extranjera directa (IED) en los últimos 10 años ha crecido de 1. 5 mil millones de dólares a 13 mil millones de dólares. La inversión ha crecido del 17 % al 27% del PIB, indudablemente como respuesta a las mejores condiciones de seguridad y un mayor optimismo sobre el futuro. El ahorro, mientras tanto ha aumentado hasta aproximarse a un 18% del PIB. La deuda pública ha caído de cerca de 60% del PIB a un 43% hoy en día. Además, la tasa de crecimiento económico se ha acelerado: de un promedio del 3% anual en la década de los 90’s,
en los imperios coloniales Europeos, en el cuál las élites políticas nacionales que residen en las áreas urbanas, particularmente Bogotá, han delegado efectivamente el funcionamiento de las zonas rurales y otras áreas periféricas a las élites locales. A éstas élites locales se les ha dado libertad para gobernar como ellos deseen e incluso se les ha permitido tener representación en el Congreso, a cambio de dar soporte político y de no desafiar a las élites nacionales. Es esta forma de gobierno en la periferia lo que ha creado el caos y la ilegalidad que ha aquejado a Colombia. Narcotráfico, mafias, secuestradores, guerrillas izquierdistas y paramilitares de “derecha” han ciertamente exacerbado los problemas del país, pero todos los problemas tienen su origen en la manera como se gobierna el país. Como bien lo afirmó el escritor colombiano R.H. Moreno: “En Colombia, la política corrompió el narcotráfico”. Las Columnas que sostienen el sistema. Este sistema, tal como es, genera preguntas obvias. La primera es, ¿cuáles son los intereses que lo mantienen en su lugar? Segunda, ¿cómo es que este sistema que genera tal desorden en la periferia puede ser estable? Tercera, ¿por qué las élites locales encuentran favorable para sus intereses tener una sociedad caótica? Ninguna de estas preguntas tiene una respuesta definitiva, pero algunos de los mecanismos en juego resultan ser claros. Primero, es fácil de ver algunos de los intereses involucrados en el sistema. La confusión en la Colombia periférica disminuye el precio de los votos. En lugar de tener que desarrollar programas y ganar apoyo ofreciendo políticas públicas o favores particulares, los políticos consiguen ser elegidos ganándose el apoyo de los jefes locales o quizás convirtiéndose ellos mismos en jefes.
Consideremos a ex-senador Fabio Valencia Cossio, quien en 1.998 logró la segunda votación más alta votada por un senador, superado sólo por la votación de Ingrid Betancourt quien fuera posteriormente candidata presidencial y luego víctima de un largo secuestro. Valencia Cossio, fue posteriormente Ministro del Interior bajo el gobierno de Uribe, supo exactamente cómo “apilar” votos como lo sugirió Ramón Isaza el líder de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio cuya ayuda él solicitó en elecciones “ganadoras”. Entonces, una explicación para la durabilidad del caos en la periferia es que, facilitando acuerdos como el que Valencia Cossio trató de hacer con Isaza, el sistema hace mucho más económico para las élites la consecución de votos. Las élites en todo caso ven muy costoso construir capacidad estatal en las áreas rurales y prefieren éste tipo de pactos. Un segundo mecanismo que muestra los intereses en juego es que este sistema hace que la democracia en Colombia sea muy “amigable” para las élites. Una consabida tesis a cerca del origen de la democracia es que es un resultado de un compromiso o concesiones que hacen las élites al pueblo para evitar el desorden o incluso una rebelión. En un sistema no-democrático, la gente privada de derechos puede causar problemas o puede rebelarse porque no tienen voz ni voto en la definición de las políticas. Tal rebelión es muy costosa para las élites, entonces la elite crea la democracia como una forma de incluir al pueblo dentro del sistema, escapando del caos social. Sin embargo, éste no es un buen modelo para explicar los orígenes de la democracia Colombiana. En éste caso, las élites no se vieron amenazadas por las masas. En su lugar, como el investigador Eduardo Posada-Carbó ha demostrado, las instituciones políticas democráticas han proveído un mecanismo en el cual las élites comparten el poder, de tal forma que entre ellas
persistencia de la democracia oligarca y cartelizada que los partidos tradicionales crearon en el siglo XIX. Otro mecanismo que revela los intereses que sostienen el sistema de gobierno en Colombia y que lo perpetúan es que el conflicto permanente en las áreas rurales garantiza que la periferia no sea capaz de cooperar con el centro. Una teoría común en los estudios de política africana es que el centro fomenta el caos en la periferia con el fin de “dividir y vencer”. Sudán y Congo son los casos clásicos y esta idea ciertamente es aplicable en Colombia. Consideremos el caso de Rodrigo García Caicedo, un ganadero y líder cívico del departamento de Córdoba quien estuvo activamente involucrado en la creación de grupos paramilitares. En 1990 le comentó a un líder del antiguo grupo rebelde M-19: “Estoy seguro de que si las guerrillas hubiesen hablado con nosotros, en lugar de atacarnos, nosotros hubiésemos tenido una guerra, no entre nosotros. Nos habríamos organizado y levantado conjuntamente contra el Estado central”. Otro jefe paramilitar, Rodrigo Tovar Pupo (alias “Jorge 40”), estaba escribiendo su autobiografía antes de que fuera extraditado a los Estados Unidos en 2.008, recordaba: “ las grandes desigualdades del país y la falta de compromiso de los pocos poseedores del poder para trabajar por el bienestar de las grandes mayorías sociales del país”. Por “poseedores del poder “, Jorge 40 se estaba refiriendo a aquellos que estaban en el gobierno nacional en Bogotá. Ética Circunstancial La segunda pregunta - ¿cómo puede un sistema que crea tal desorden permanecer estable? - es todavía más difícil. El último conjunto de argumentos sugiere que podría no estar en los intereses de aquellos que se benefician del sistema que el país se convirtiera en algo parecido a
un país del sub-Sahara africano, con poca riqueza para cada uno. Pero, ¿cómo podría detenerse esto? Yo pienso es que el núcleo y la periferia han evolucionado a un equilibrio estable en donde todos los actores se comportan diferente, dependiendo del contexto. Ésta es la manera como el antropólogo-político Edward Banfield describe las raíces de la pobreza en el sur de Italia. Banfield demostró que la gente aplica diferentes criterios de comportamiento en diferentes contextos: uno al interior de la familia y otro cuando se relaciona con alguien distinto. A pesar de que el escenario relevante en Colombia no necesariamente es la familia, muchos ejemplos sugieren que los colombianos aplican una moralidad generalizada o limitada dependiendo del contexto. El resultado neto es tener un sistema estable. Dos ejemplos ilustran este fenómeno. El primero está relacionado con uno de los asuntos más relevantes en la Colombia actual: la compensación para aproximadamente 4 millones de personas que han sido desplazadas de las áreas rurales en los 15 últimos años de conflicto. El capítulo 3 de la Ley de Víctimas establece la restitución de tierras a aquellos campesinos que fueron desposeídos en los últimas dos décadas. En el Senado Colombiano, uno de los principales proponentes de ésta Ley fue el senador Juan Fernando Cristo, político del departamento de Norte de Santander. Sin embargo, en las elecciones locales del 2.011, él apoyó la campaña electoral a la alcaldía de Cúcuta a su hermano Andrés en alianza con un poderoso político local y ex - alcalde de la ciudad, Ramiro Suárez Suárez quien fue arrestado en Agosto 12 de 2.011 por su reconocida alianza con los paramilitares responsables de asesinatos y múltiples crímenes en el departamento. Una corte local lo sentenció a 27 años de cárcel por el asesinato de un asesor legal
Élites Para No Confiar La tercera pregunta - ¿por qué las élites de la periferia encuentran favorable a sus intereses ese estado caótico de sociedad?- también es difícil de responder. Se podría pensar que las élites locales tienen poca motivación para provocar el conflicto y tendrían un mejor futuro económico con estabilidad. Tomemos el caso del Senador Álvaro Alfonso García Romero, quien está pagando 60 años de prisión por sus nexos con el paramilitarismo y por haber sido el autor intelectual de la masacre de Macayepo en 2.000, en la cual 15 campesinos fueron golpeados hasta la muerte. Él es un excelente ejemplo de una elite terrateniente local cuya familia tenía extensas propiedades de tierra y que también tenía importantes intereses en el cultivo del tabaco y otros productos agrícolas. ¿Por qué resultó involucrado en masacres? La mejor manera de pensar esto es como parte de un equilibrio que no siempre sirve a las élites regionales que son dominantes en un determinado momento. El punto clave es que hay una gran rotación de elites. En Bolívar, por ejemplo, el Senador que en la actualidad recibe la mayor cantidad de votos se llama Héctor Julio Alfonso López, apodado El Gatico. Su sobrenombre proviene de su madre, Enilse López, conocida como La Gata, quien durante la pasada década ha tenido el monopolio del manejo del juego de azar denominado chance en los departamentos de la Costa Caribe. El hermano de Héctor Julio, Jorge Luis está en prisión bajo investigación de algunas irregularidades, incluyendo asesinatos cuando se desempeñaba como alcalde de la ciudad de Magangué, lugar donde La Gata tiene su resguardo. La Gata, quien supuestamente fue compañera sentimental de Gonzalo Rodríguez Gacha, uno de los fundadores
del cartel de Medellín en la década de los 70, consiguió poder bajo la sombra de los paramilitares. Está acusada de haberse involucrado en muchas masacres tales como la de El Salado en departamento de Sucre, en el año 2.0 0 0, en la cual los paramilitares asesinaron unas 60 personas. La Gata y El Gatico no son élites tradicionales de cualquier forma imaginable. Son pertenecientes a una élite local nueva y emergente que han llegado allí gracias a su habilidad para manejar y beneficiarse de los conflictos de la Colombia rural. A pesar de que el sistema tiene una destacada capacidad para absorber esta gente, esto no implica que se generen buenas instituciones en el área rural. Una rotación rápida en las élites tiende a crear incentivos de depredación, fomenta derechos de propiedad débiles y desincentiva la inversión. Las nuevas élites sacan provecho de las anteriores y a su vez, éstas sacaron ventaja de las iniciales. Un factor complementario es que pocos colombianos tienen derechos de propiedad garantizados y mucha tierra ha sido adquirida de manera ilegal, haciendo así difícil legalizar cualquier statu-quo en la propiedad. Es fácil pensar en los jefes paramilitares como Jorge 40 como gángsteres y mafiosos – como muchos de ellos lo fueron y lo son-. Pero pensar de ellos sólo de ésta manera es malinterpretar el fenómeno. En alrededor de un tercio a un medio de la Colombia rural ellos son el Estado y pueden hacer lo que ellos quieran. Los Colombianos llamaban a Jorge 40 el “Papa Tovar” y desde su “Vaticano” en las planicies de San Ángel, a orillas del río Magdalena él dirigía su pequeño imperio de 20 frentes armados en tres departamentos. Su autoridad en la región de la costa Caribe era tal que los campesinos cuya tierra fue robada por sus hombres le enviaban peticiones como si él fuera el gobernador oficial. “Con el debido respeto, me dirijo a usted para que
(de hecho, desaprobaba de este). Construyeron centenares de kilómetros en caminos y extendieron la energía eléctrica a las áreas rurales. Construyeron escuelas y pagaron profesores en algunas partes e instrumentos musicales en otras. Iniciaron la construcción de una clínica, reconstruyeron un hogar para ancianos, construyeron casas para la gente pobre, crearon un centro para artesanos, un estadio deportivo y una plaza de toros. Todo esto es quizás mejor resumido de manera irónica por el jefe paramilitar Ernesto Báez, cuando le pregunta a un juez en Bogotá: “¿Cómo fue posible que un pequeño estado independiente funcionara dentro de un estado con leyes como el nuestro?”, si usted quiere entender Colombia, usted necesita entender esta pregunta. Carteles Políticos La complejidad de este sistema es tal que no se mantiene en su lugar con un gran pacto Faustiano o un cálculo Maquiavélico, ha evolucionado por un largo período de tiempo. Hay considerable evidencia para su duración. Tomemos la carrera de Dumar Aljure, quien fue un desertor del ejército y miembro de la guerrilla liberal durante la guerra civil conocida como “La Violencia” en la década de los 50´s; él gobernó una “república independiente” en los llanos orientales, en el departamento del Meta durante 15 años hasta cuando el ejército lo mató en 1.968. Desde su “capital” en San Martín, Aljure cobraba impuestos y regulaba el comercio y la sociedad, así como hacían Jorge 40 o Isaza. Más importante, él se convirtió en un cacique que entregaba votos para los políticos locales en Villavicencio a cambio de que no se metieran con él o en su territorio. Su error fue intentar de cambiar de bando en las elecciones de 1968. Él apoyó al candidato perdedor y el ganador permitió que las fuerzas armadas fueran por él.
El sistema de gobierno en Colombia genera otro fenómeno que tiende a reproducirlo. Uno es el alto grado de monopolio que tiene la economía. La gente rica en Colombia en muchas ocasiones hace su riqueza a partir de monopolios que son protegidos y a veces blindados por el gobierno y reforzada con comportamientos predadores e incluso violentos. Los hombres más ricos de Colombia han monopolizado diferentes sectores de la industria – Carlos Ardila Lulle bebidas gaseosas y azúcar; Luis Carlos Sarmiento banca y servicios financieros; Julio Mario Santo Domingo la cerveza. Tal cartelización se forma fácilmente de un sistema político que carece de responsabilidad social. Y se extiende en los sectores de productivos hasta a los de distribución, donde por ejemplo “El Cebollero” apodo de Alirio de Jesús Rendón utilizó la violencia para establecer un monopolio en el comercio doméstico de cebollas. Esta estructura económica crea grandes diferencias entre el precio interno y el precio del mismo producto en países vecinos, lo cual induce a un vasto flujo de contrabando de productos a lo largo de las diferentes fronteras de Colombia con sus vecinos. De hecho, el famoso capo de las drogas Pablo Escobar comenzó su carrera criminal contrabandeando cigarros y otros bienes de consumo antes de pasarse a la cocaína. Es así como el sistema de gobierno crea ventajas comparativas para la criminalidad, quizás el factor principal que convirtió a Colombia en un centro global para el narcotráfico Pasos de bebé. A pesar de esta historia, la nación aparentemente ha cambiado en la década pasada. ¿Es esta una nueva Colombia? Quizás. Ciertamente, muchos creen que es así. Sin embargo, signos generales y la lógica de mi argumento sugieren lo contrario. Hay muchas razones para sustentar esto pero la más importante es que, a pesar de los avances obtenidos en los dos períodos
Se puede hacer una comparación interesante con el gobierno de Carlos Lleras Restrepo, quien entre 1.966 y 1.970 lanzó un ambicioso programa de reforma agraria. Lleras Restrepo, probablemente el más competente presidente colombiano del siglo pasado, tenía unas capacidades técnicas impresionantes y trabajó la reforma en un ambiente de cooperación internacional, en el contexto de la Alianza para el Progreso lanzada por el presidente John F. Kennedy. Aún así, la reforma agraria falló, en gran parte porque Lleras no pudo lograr el apoyo de las élites locales. En Octubre de 2.012 el diario local El Espectador publicó una serie de artículos haciendo referencia a que en la región noroccidental de Urabá hasta esa fecha, no se había comenzado el proceso de restitución de tierras. El diario citaba las palabras de un campesino local: “ es más fácil sostener el océano con un dedo que retornen esas tierras a sus legítimos dueños ”. La misma serie demostró que, mientras los paramilitares se desmovilizaron en 2.0 06 y sus principales cabecillas están en prisión, su número actual en el terreno se ha duplicado. Líderes como El Alemán ejercen un efectivo control de esa zona desde la cárcel. Es cierto que la violencia en Colombia ha disminuido y ahora hay, por primera vez, una estación de policía en La Danta, algo que McGuiver había insistido antes de su desmovilización. Pero a pesar de esos innegables avances, la gente rica del país más desigual de América Latina permanece reacia a pagar por muchos de los bienes públicos. Cuando el gobierno de Uribe lanzó su programa bandera, el Plan Nacional de Consolidación en 2.008, para establecer la presencia del Estado en áreas que las FARC siempre habían dominado, fue necesario que 237 millones de dólares fueron entregados por la agencia americana para el Desarrollo USAID. Las élites colombianas, acostumbradas a su política de gobierno indirecto, tienen muy poco interés en
financiar los esfuerzos para establecer el orden en el país rural. Y esto no es porque tengan una tributación alta: mientras que el 10% de los colombianos más pobres pagan el 8% de sus ingresos en impuestos, el 10% más rico paga solamente un 3%. La violencia continúa siendo una parte notable y a la vez normal de la vida en Colombia. En las elecciones locales de Octubre de 2.011, 41 candidatos fueron asesinados – la punta del iceberg de las intimidaciones y amenazas-. De acuerdo con la Confederación Internacional de Trabajadores, de 76 líderes sindicales asesinados en 2.011, 29 fueron asesinados en Colombia. En Octubre de 2.012 el Secretario de trasporte de la ciudad de Cali, Alberto Hadad, tuvo que salir del país por amenazas de muerte. Su “crimen” fue proponer la construcción de un sistema integrado de transporte para la ciudad, lo cual podría haber socavado las ganancias que reciben los operadores privados de buses de transporte. No es tiempo de euforia. Todo esto implica que si las FARC y posiblemente el ELN deciden desmovilizarse, a pesar de que esto sea un gran avance, los problemas del país están lejos de solucionarse. Así como la economía de la droga, la insurgencia izquierdista de Colombia es el resultado de un estilo de gobierno indirecto que engendra violencia e ilegalidad en la periferia. En efecto, la desmovilización de los paramilitares en 2.006 llevó a la proliferación de nuevos grupos armados, por ejemplo “Los Urabeños” y “Los Rastrojos”, el primero de los cuales demostró su poder en Enero de 2.012 cuando impuso un paro armado de dos días a lo largo de los departamentos de la costa caribe, obligando a muchos negocios a cerrar por 48 horas. La desmovilización de las FARC podría tener efectos similares.